La Comisión para la Reforma
de las Administraciones Públicas (CORA), presentada durante los últimos
días por la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría,
y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé ahorrar casi
un 4 por ciento del PIB durante la presente legislatura o, lo que es lo
mismo, 37.620 millones de euros. Junto a la reforma de la Administración, la
tasa de reposición cero de los funcionarios y los recortes de empleo de 2012,
la CORA prevé otras medidas, aún por aplicar, como la reforma local, tendentes todas
ellas a la simplificación administrativa y la reducción del consumo público,
que afectará a todas las administraciones públicas ya que, además de la
supresión, fusión o adelgazamiento de entidades públicas, prevé, asimismo, el
cierre de los defensores autonómicos del Pueblo y de los tribunales de cuentas, con la
colaboración de las comunidades autónomas.
El Consejo
Consultivo de Extremadura, que acaba de cumplir diez años, tiempo en el que
ha elaborado 5.300 dictámenes, de los cuales 800 pertenecen al último año, y
cuya Memoria fue presentada al presidente de la Junta por su titular el pasado
miércoles 19, no es la única entidad que se vería afectada por las previsiones
de la CORA. En este aspecto, la Comisión, en su apartado
F, relativo a la Órganos Consultivos, de Fiscalización y Defensores del
Pueblo, tras analizar la situación actual, que parte de la Constitución de 1978,
afirma que estableció un modelo territorial en el que, junto al Estado, conviven
17 estructuras político-administrativas, que han tendido a reproducir el modelo
estatal, y que desarrollan competencias idénticas a las estatales, y plantea la
posibilidad de racionalizar ese entramado, y propone que sea el Tribunal de
Cuentas el órgano de fiscalización de la Administración Autonómica, para lo que
se crearían 12 Secciones Territoriales, correspondientes a las Comunidades
Autónomas que cuentan en la actualidad con lo que la CORA denomina Órganos de
Control Externo (OCEX), menos Madrid, por ser la sede del Tribunal de Cuentas,
lo que permitiría a las CC AA que cuenten con OCEX prescindir de los mismos y
ahorrar el presupuesto anual dedicado a su sostenimiento.
Una
segunda entidad prevista por la CORA en el mismo capítulo es la de los Defensores
del Pueblo autonómicos, que en la actualidad mantienen 11 CC AA, tras la
supresión realizada por Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, y su
coexistencia con el Defensor del Pueblo estatal, con funciones básicamente
iguales, pero limitadas en virtud del principio de territorialidad, lo que, según
el informe, ha dado lugar a un elevado coste en la tramitación de las quejas y
un bajo rendimiento destinados a los Ombudsman autonómicos, por lo que la CORA
propone, en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de las
quejas de los ciudadanos, la asunción plena de las competencias de los órganos
autonómicos por el Defensor del Pueblo del Estado, lo que permitiría a las CC
AA el ahorro del presupuesto anual dedicado al sostenimiento anual de sus
respetivos órganos.
Esta
medida afecta directamente a Extremadura, que no ha desarrollado aún la figura
del Personero del Común, contemplada en el artículo 48 del Estatuto de
Autonomía, tras la reforma aprobada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero,
de reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que preveía la
regulación de su régimen jurídico por parte de la Asamblea de Extremadura, que
tendría la potestad de elegirlo, y cuya sede quedó fijada, según el nuevo Estatuto,
en la ciudad de Plasencia, cuyo ayuntamiento ya había ofrecido el histórico edificio
de la Casa del Deán, actual sede de los juzgados de la localidad. El Personero
del Común fue la palabra elegida por la Comisión no Permanente de Reforma del
Estatuto de Autonomía, designada por la Asamblea, para la figura autonómica
de Defensor del Pueblo, que en la Corona de Castilla había supuesto una especie
de precursor de este órgano contemporáneo.
Otro
aspecto contemplado en la CORA es la actividad de las CC AA en el exterior, y
tras recordar los límites de esta, realiza propuestas en los ámbitos de
actuación en los que se ha detectado alguna duplicidad o solapamiento, como las
Oficinas de las CC AA en el exterior. Hay que recordar al respecto la Oficina
de Extremadura en Lisboa, inaugurada por el anterior ejecutivo regional y que
el actual ha sacado a
la venta por tercera vez, tras una fallida rebaja del 15 por ciento en la
segunda subasta.
Hay,
finalmente, una última previsión de la CORA que pudiera resultar preocupante:
el futuro de las mancomunidades, una administración comarcal que viene dando
resultados positivos en Extremadura, dada su peculiaridad rural, su población y
extensión. En el apartado de la racionalización del sector público, eliminación
de duplicidades con las CC AA, reforma local (anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local, que prevé un ahorro de 7.129
millones de € en el periodo 2013-2015), se
afirma que "las mancomunidades y EE. LL. menores que no presenten cuentas
en el plazo de tres meses se disolverán", que ya avanzara el secretario de
Estado de Administraciones Públicas el
pasado año.
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